Agostina tenía 14 años: femicidio, salud mental y el sistema que mira para otro lado
Por Clara Bianchi | Psicóloga Clínica Fundadora de MindLink
El sábado 23 de mayo de 2026, Agostina Vega salió de su casa en Córdoba. Tenía 14 años. Alguien la esperaba. Una semana después, su cuerpo desmembrado fue hallado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra. La causa de muerte: asfixia mecánica. El imputado: Claudio Gabriel Barrelier, 33 años, quien durante los días que siguieron a la desaparición le mintió a la madre de Agostina sobre el paradero de su hija, negó que hubiera entrado a su domicilio, y fue contradicho por el propio teléfono de la niña, que permaneció en esa vivienda durante tres horas antes de apagarse para siempre.
El caso de Agostina no es una aberración. Es la expresión más brutal de algo que ocurre con una frecuencia que debería ser intolerable y que, sin embargo, se ha naturalizado hasta volverse estadística.
Los números como escándalo
En Argentina, durante 2025, una mujer fue asesinada por violencia de género cada 44 horas según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina. Son 200 víctimas directas reconocidas oficialmente. Pero las organizaciones feministas —MuMaLá, el Observatorio de Femicidios de la Defensoría— registran entre 247 y 266 casos, con una frecuencia de un femicidio cada 33 o 35 horas. La diferencia entre ambos números no es un error de cálculo: es una decisión de cómo contar, de qué se elige ver. Incluir o excluir suicidios feminicidas, travesticidios, muertes ligadas al crimen organizado con motivación de género, es también una forma de política.
Córdoba, la provincia donde Agostina fue asesinada, registró al menos 10 femicidios solo en 2025.
En Chile, el panorama tiene su propia forma de repetición. El 2025 cerró con 44 femicidios consumados, exactamente la misma cifra que el año anterior. Casi la misma que en 2023, en 2022, en 2021. La cifra lleva casi una década sin retroceder de manera sostenida. Lo que sí crece, año a año, son los femicidios frustrados: 319 en 2024, 330 en 2025. Intentos que no llegaron a completarse —por intervención de terceros, por atención médica oportuna— pero que existieron. Mujeres que estuvieron a punto de ser asesinadas y sobrevivieron.
Un informe de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres señala que en 2025 el Estado reconoció 44 femicidios, pero la organización registró 50 —porque el Ministerio Público calificó algunos casos como homicidio o parricidio, borrando la dimensión de género del crimen. Aquí también contar es un acto político.
Frente a estos números, la pregunta legítima no es si el sistema falla. La pregunta es de qué manera falla, a quién le conviene que falle, y qué cuesta arreglarlo.
El femicida: comprender no es justificar
Cuando se habla de salud mental en casos de violencia de género extrema, suele ocurrir uno de dos movimientos: o se patologiza al agresor como forma de explicar lo inexplicable —»estaba loco», «perdió el control», «no sabía lo que hacía»—, o se evita el tema por completo para no dar pie a coartadas. Ninguno de los dos sirve.
Lo primero es factualmente incorrecto en la mayoría de los casos. El femicidio no es un crimen de impulsividad ciega: tiene planificación, tiene engaño, tiene ocultamiento. Barrelier atrajo a Agostina, mató, desmembró, trasladó el cuerpo, mintió sistemáticamente durante una semana. Ese no es el perfil de alguien que «no sabía lo que hacía». Es el perfil de alguien que sabía perfectamente.
Pero lo segundo —el silencio total sobre el contexto— también es un error. No porque el contexto excuse, sino porque sin contexto no hay prevención posible.
Lo que sí puede decirse, con evidencia y sin condescendencia, es que el femicidio ocurre dentro de una cultura que durante siglos enseñó a los hombres que las mujeres son posesiones, que la violencia es una forma válida de resolver conflictos, que el control sobre el cuerpo ajeno es un derecho. Eso no está en el individuo: está en la estructura. Un primer informe chileno sobre victimarios de femicidio, publicado en 2026 por la Subsecretaría de Prevención del Delito, analizó 62 autores de femicidios consumados y encontró que el 74,2% tenía antecedentes penales previos, pero solo el 27,3% tenía causas anteriores por violencia intrafamiliar. Es decir: el sistema los conocía, pero no los veía como riesgo de género.
Comprender el contexto que produce femicidas es una herramienta de prevención, no un atenuante moral ni jurídico. La responsabilidad penal no desaparece porque la cultura haya fallado antes. Ambas cosas son ciertas al mismo tiempo.
La mujer que no denuncia: una respuesta racional a un sistema que no protege
Uno de los datos más reveladores sobre la violencia de género en Argentina es este: solo el 15% de las mujeres víctimas de femicidio había denunciado previamente a su agresor. Ese número suele leerse como un problema de las víctimas —como pasividad, como complicidad, como incomprensión del peligro. Es exactamente la lectura equivocada.
No denunciar es, en la mayoría de los casos, una respuesta racional a un sistema que históricamente no ha protegido a las mujeres que sí denunciaron. Una mujer que denuncia enfrenta procedimientos lentos, instituciones que minimizan, la posibilidad de que el agresor sea liberado esa misma noche y vuelva con más violencia. Enfrenta también —y esto es crucial— la destrucción económica y social de su vida tal como la conocía.
La violencia de género no empieza con un golpe. Empieza mucho antes, con un proceso sostenido de aislamiento, control y erosión de la identidad. La mujer que convive con esa violencia no está quieta por debilidad: está atrapada por un entramado de dependencias —económica, emocional, habitacional— que el propio agresor fue construyendo con precisión. Las consecuencias psicológicas de esa violencia sostenida incluyen trastorno de estrés postraumático, depresión, ansiedad crónica, y una sensación de indefensión que no es irracional sino aprendida: la víctima sabe, por experiencia propia, que pedir ayuda puede ser más peligroso que quedarse.
En ese contexto, la falta de acceso a salud mental no es un dato secundario. Es parte del problema central.
El sistema de salud mental latinoamericano: subfinanciado, estigmatizado, fragmentado
América Latina enfrenta una brecha terapéutica en salud mental que, según datos de hace poco más de una década, superaba el 74%. Es decir: más de tres cuartas partes de quienes necesitaban atención no la recibían. En algunos países de la región, menos del 2% del presupuesto de salud se destina a salud mental. Los profesionales son escasos, están mal distribuidos —concentrados en capitales y ciudades grandes—, y los servicios públicos suelen estar desbordados, estigmatizados o directamente inexistentes en zonas rurales y periféricas.
Para una mujer en situación de violencia, esa brecha tiene consecuencias concretas: no hay dónde ir a procesar el trauma, no hay acompañamiento psicológico gratuito y sostenido, no hay red de contención fuera de la familia —que muchas veces el agresor ya fragmentó. La salud mental pública, cuando existe, raramente tiene perspectiva de género incorporada de manera real y no decorativa.
En Argentina, el contexto político agrava el cuadro. Desde diciembre de 2023, el gobierno eliminó el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, desfinanció la Línea 144 —la herramienta de asistencia a víctimas de violencia de género— y dejó sin partida presupuestaria al Programa Acompañar en el Presupuesto 2026. Al mismo tiempo, el propio presidente calificó al feminismo como «el cáncer que hay que extirpar» y el Ministerio de Justicia anunció su intención de eliminar la figura del femicidio del Código Penal, argumentando «igualdad ante la ley». Borrar el nombre del crimen no hace desaparecer el crimen: hace desaparecer la posibilidad de contarlo y combatirlo con herramientas específicas.
En Chile, el cuadro es diferente pero no mejor en lo estructural. Los femicidios consumados llevan casi una década sin descender. Los frustrados aumentan cada año. Las expertas que trabajan el tema señalan que el temor a denunciar persiste, que la relación de poder entre agresor y víctima no se resuelve con una denuncia policial, y que los programas de psicoeducación preventiva siguen siendo insuficientes.
Lo que falta: la deuda concreta
La salud mental no es la solución al femicidio. Pero su ausencia es parte activa del problema —no del lado del agresor, sino del lado de las mujeres que no tienen acceso a acompañamiento, de los niños y niñas que crecen normalizando la violencia, de las redes comunitarias que podrían detectar situaciones de riesgo si tuvieran herramientas.
Agostina tenía 14 años. Fue engañada para entrar a una casa. Murió esa noche. Su cuerpo fue encontrado siete días después. El sistema —policial, judicial, de salud, educativo— no pudo protegerla.
Decir que el Estado debe acompañar no es una frase vacía ni un deseo abstracto. Es una deuda concreta: financiamiento real para programas de violencia de género, salud mental con perspectiva de género disponible y accesible, educación sexual integral desde la infancia, protocolos de detección de riesgo que funcionen antes del femicidio y no después. Es también, en lo más básico, no desmantelar lo que ya existe.
Mientras tanto, una mujer es asesinada cada 44 horas en Argentina. En Chile, la cifra lleva casi una década sin ceder. Y Agostina Vega, que tenía 14 años y toda la vida por delante, es un nombre más en una lista que no debería existir.
Las cifras argentinas corresponden al Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA), la Defensoría del Pueblo de la Nación y el Observatorio MuMaLá (2025-2026). Las cifras chilenas corresponden al Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) y la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres (2025).
Clara Bianchi es psicóloga clínica argentina radicada en Chile. Trabaja en modalidad online acompañando procesos vinculados a salud mental, migración y bienestar emocional.
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